El 26 de noviembre, tres días después de las elecciones presidenciales, estalló una disputa entre el presidente en funciones Umaro Sissoco Embaló, que buscaba la reelección, y su rival Fernando Dias da Costa, quienes se proclamaron vencedores antes del resultado oficial.
Sin un veredicto claro, las Fuerzas Armadas tomaron el control del Estado. Disolvieron instituciones, cerraron fronteras y limitaron la actividad de la prensa, interrumpiendo un proceso democrático ya frágil y tensionado.
El alto mando militar justificó la intervención como una acción necesaria para restaurar el orden. Afirmó que existía un vacío de poder provocado por el enfrentamiento entre los candidatos, quienes se acusaban mutuamente de fraude antes incluso del anuncio oficial de los resultados.
El país ha sido históricamente utilizado como punto de tránsito hacia el mercado europeo, y varios analistas sugieren que estas dinámicas ilícitas, más que la disputa electoral, son un factor central detrás de la desestabilización.
Este episodio se suma a otros golpes ocurridos en África Occidental desde 2020, consolidando un "cinturón de inestabilidad" donde las transiciones de poder tienden a resolverse mediante quiebras institucionales, debilitando aún más la gobernanza y la confianza pública.
Los actores tras el golpe
Los Militares
Tras la toma del poder, se creó una autodenominada Alto Comando Militar para la Restauración del Orden y anunció que asumía "control total" del Estado.
Al día siguiente, el general Horta Inta-A Na Man fue juramentado como presidente interino.
Los Políticos
El mandato del presidente Umaro Sissoco Embaló ya era cuestionado: su gobierno estuvo marcado por la disolución repetida del parlamento, primero en 2022 y luego nuevamente en diciembre de 2023, lo que generó una larga ausencia de contrapesos institucionales.
Su principal rival, Fernando Dias da Costa, emergió como principal oposición luego de que la histórica formación PAIGC fuera excluida de participar en las elecciones por decisión de la Corte Suprema, debido a supuestas irregularidades administrativas.
Esa exclusión transformó a Dias, hasta entonces marginal, en contendiente principal, lo que generó fuertes tensiones institucionales y expectativas de cambio.
A eso se suman años de históricas fracturas institucionales, debilidad del Estado, recurrentes amenazas de golpes y una gobernabilidad frágil, lo que hace al país especialmente vulnerable ante crisis políticas como la actual.
Reacciones internacionales
La African Union (UA) suspendió a Guinea-Bissau de sus actividades por considerar la acción un "cambio inconstitucional de gobierno".
La CEDEAO condenó "enérgicamente" el golpe en Guinea-Bissau y exigió el restablecimiento inmediato del orden constitucional. Suspendió al país de sus órganos decisorios, reclamó la liberación de los detenidos y envió una misión de mediación de alto nivel.
La ONU calificó el golpe como una grave violación del orden constitucional y los principios democráticos. Demandó la liberación de todos los detenidos y pidió restaurar la voluntad popular expresada en las urnas mediante un retorno urgente al orden legal.
Conclusión
Hay preocupación por el posible agravamiento de la inestabilidad política, sumada al largo historial de golpes en ese país y a su vulnerabilidad frente al narcotráfico, lo que complica el panorama social, económico y de seguridad.
